Opus Dei al día

El 23 de febrero de 1983, el Gobierno español, presidido por el socialista Felipe González, dictó un Decreto-ley para expropiar a José María Ruiz-Mateos las diversas empresas y actividades mercantiles que existían en torno al llamado grupo RUMASA, y que incluían algunas entidades bancarias conocidas. En aquella época, José María Ruiz-Mateos era miembro supernumerario del Opus Dei. Esta grave decisión -basada en informaciones puramente financieras y técnicas- fue una de las más importantes del Gobierno de Felipe González en sus primeras semanas de mandato, tras las elecciones generales de 1982. Suscitó lógicamente la máxima atención de los medios informativos, que -aparte del problema económico y financiero en sí- estaban pendientes de cómo iba a tratar la acción gubernativa del PSOE a los bancos y a la Iglesia, y más concretamente al Opus Dei, que acababa de ser erigido en Prelatura personal. Además, el propio Gabinete debía convencer a la opinión pública de la legalidad del Decreto-ley, tan dudosa que, tiempo después, sólo el voto de calidad del Presidente del Tribunal Constitucional pudo superar el empate producido entre los diversos Magistrados. El Presidente, García Pelayo, era conocido por su afinidad con el partido gobernante.

Se trató de implicar al Opus Dei por una doble vía:

a) lanzar que Ruiz-Mateos había hecho a la Prelatura cuantiosas donaciones, y

b) difundir una supuesta participación de Directores del Opus Dei en las decisiones del propio Ruiz-Mateos, también después de la expropiación.

Ambos aspectos fueron desmentidos formalmente por la Oficina de Información de la Prelatura, subrayando, cuando fue necesario, que ningún Director había dado indicaciones o consejos, ni menos aún habían intervenido en supuestos pactos. Como es lógico, además de negar los hechos en sí, se insistía en la razón era de fondo: los fieles de la Prelatura actúan siempre bajo su responsabilidad, con la misma libertad que cualquier otro ciudadano, sin que, por tanto, sus decisiones libres en las propias actividades profesionales, sociales, políticas, económicas, etc., se puedan atribuir en ningún modo a la Prelatura.

El asunto se complicó con las divergencias que surgieron entre el propio Ruiz-Mateos y otros miembros del Opus Dei, a los que daba la impresión de reprochar que hubieran concedido más importancia a sus responsabilidades en el Banco Popular (Luis Valls) o en la AEB (Rafael Termes, Presidente de la patronal bancaria), que a lo que él consideraba estricta justicia.

La evolución de los acontecimientos, y la fortísima tensión que debió soportar Ruiz-Mateos, le llevó a comportarse y hacer declaraciones a la prensa que no se correspondían con las obligaciones espirituales y formativas a las que se había comprometido libremente con el Opus Dei; llegó, incluso, a realizar afirmaciones injustas y falsas sobre la Prelatura y algunos de sus Directores. A mediados de 1986 se le hizo ver claramente que debía rectificar. No se avino a razones y rechazó la ayuda espiritual a la que tenía derecho, y se le ofrecía una vez más. En cambio, pidió que se le apoyase en el terreno jurídico-penal y empresarial, amenazando en caso contrario con montar un escándalo en la opinión pública. A la vista de su actitud, y de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Prelatura, José María Ruiz-Mateos dejó de ser miembro del Opus Dei en 1986.

En su desquiciamiento, presentó por esas fechas una querella contra Directores del Opus Dei en España, tratando de implicarles en conductas contrarias a la moral cristiana. La denuncia -después de recibir los trámites previstos en el derecho español, con audiencia de las partes, etc.- fue archivada en junio de 1989 por el competente juez de instrucción de la Audiencia Nacional. El órgano jurisdiccional competente confirmaba así la limpieza y transparencia en la actuación de los miembros de la Prelatura inculpados injustamente por Ruiz-Mateos.

En cuanto al problema en sí, están pendientes de solución jurídica muy diversos aspectos. Las diferentes y variadas actuaciones del Ruiz-Mateos en defensa de su derecho han tenido siempre mucho eco en los medios de comunicación.

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